El nuevo obispo castrense por la prisión domiciliaria a los genocidas

EL NUEVO OBISPO CASTRENSE SE PRONUNCIO QUE SE OTORGUE PRISION DOMICILIARIA A LOS CONDENADOS POR DELITOS DE LESA

El nuevo obispo castrense designado por el Papa Francisco, Santiago Olivera, se pronunció a favor de que se otorgue la prisión domiciliaria a mayores de 70 años condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, al tiempo que se pronunció en favor de “una reconciliación mirando hacia adelante” y sin “justicia selectiva”.

"La prisión domiciliaria no es una puerta cerrada. Si una persona mayor de las fuerzas armadas tiene el mismo derecho que otra en su condición, ¿por qué no dárselo?. Por más que se haya equivocado gravemente tiene ese derecho. Aunque tampoco fueron todos. algunos no se han equivocado gravemente", agregó.

Y completó: "Los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la Justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La Justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser Justicia".

Con todo, Olivera -que acaba de regresar del Vaticano, donde se reunió con Francisco-, aclaró que "con el Papa no hablamos de ese tema, pero aquí hay que vivir los derechos humanos para todos, encarnarlos plenamente, sí, pero para unos y otros. Si no vivimos una Justicia para todos, que nos iguale, podemos cometer injusticias".

En los últimos tiempos crecieron los reclamos de los represores procesados y condenados por delitos de lesa humanidad y sus familiares -sobre todo a aquellos que su salud está muy deteriorada- para que se les conceda el beneficio de la prisión domiciliaria y, si bien en algunos casos fue otorgada, en muchos otros no.

En ese sentido, Olivera aseguró que los argentinos "todavía tenemos que hacer un camino". "Lo hemos vivido el 24 de marzo, cómo en algunas personas había una memoria un poco parcializada, un poco volcada hacia un lado", se lamentó, en declaraciones a Télam, en referencia a las marchas por el aniversario del golpe de organismos de DD.HH, agrupaciones de izquierda y kirchneristas ( Clarin)

Carlos Fuentealba: “El dolor colectivo se transforma en acción”

El asesinato de Carlos duele colectivamente, es una herida que no cierra y que cada 4 de abril emerge con más fuerza cuando recordamos 2007. 

Por Por Julia Burton |

El conflicto docente del año 2007 arrastraba varias semanas de negociaciones frustradas, paros y movilizaciones, e incluso una marcha-caravana que unió los casi 200 kilómetros entre Neuquén y Zapala. Ante la desidia del gobierno, ya casi en Semana Santa, Aten decidió realizar un bloqueo en ese punto neurálgico que es la ruta 22 a la altura de Arroyito con el fin de afectar el circuito turístico de la provincia.

Ese 4 de abril el tránsito sobre la ruta se cortó: lo cortaron las fuerzas de seguridad de la provincia que desataron una feroz represión hacia las y los trabajadores de la educación, quienes nunca llegaron a realizar la actividad de protesta resuelta en asambleas. Hubo una decisión política para impedir que Aten ocupase la ruta, y las imágenes de ese día hablaron por sí mismas: la cantidad de efectivos policiales, incluyendo grupos especiales armados hasta los dientes, camiones hidrantes, y la presencia de funcionarios provinciales y cúpula policial. Hay que recordar sus nombres porque también están dentro de la cadena de responsabilidades políticas del asesinato: Raúl Pascuarelli, Carlos Salazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Miguel Ángel Escobar, además de los jefes de los grupos especiales de la policía. Pero lo que más puso en evidencia la definición política del gobierno de Jorge Sobisch fue la inmediatez y modalidad con la que se desató la represión. No se pretendía dispersar una manifestación, sino que se llevó a cabo una persecución y cacería de las y los docentes a campo traviesa. Una represión que no cesaba aún cuando era evidente que las y los trabajadores de la educación no iban a cortar la ruta. El asesinato de Carlos sucedió en ese contexto de retirada de manifestantes en los autos.

No hay otra explicación que la decisión política asumida por un gobierno como modalidad para “solucionar” los conflictos sociales. Una forma que encadena responsabilidades de distinto tipo y que van desde quien apretó el gatillo (José Darío Poblete) hasta la máxima autoridad de la provincia, Jorge Omar Sobisch. Su desprecio por la actividad docente es tal que no le importó matar a un trabajador de la educación y en los días siguientes reivindicó públicamente el accionar policial diciendo que son situaciones no queridas, pero volvería a tomar la misma decisión.

Tampoco puedo dejar de situar que esto sucedió en un año electoral en que Sobisch se presentaba en las elecciones presidenciales como el candidato “antipiquetes”. Hasta ese día su compañero de fórmula iba a ser Mauricio Macri, quien le soltó la mano a raíz del asesinato de Carlos, y Sobisch tuvo que buscar su aliado en la figura de Jorge Asís.

Entonces pienso en que sí, fue una determinación política del gobierno que las y los docentes no corten la ruta en Arroyito, pero también fue un mensaje más amplio y de una claridad impresionante a todos los sectores que nos organizamos, reclamamos y defendemos nuestros derechos. Pretendieron “educar” con el escarmiento a las y los educadores de la provincia, y a través de ello a todo el resto de la sociedad.

La muerte de Carlos marcó un límite imprimiéndole un nuevo giro al conflicto; al exceder los aspectos sindicales el asesinato del docente en medio de un reclamo legítimo, se vuelve repudio social y generalizado, y se arraiga en las calles neuquinas desbordadas de pueblo en demanda de justicia y la renuncia del gobernador.

Por esos días las y los docentes de Neuquén volvieron a dar cátedra y nos enseñaron a transformar ese dolor que atravesaba los cuerpos en acción: en las movilizaciones multitudinarias, en el acampe frente a casa de gobierno, en el corte de puente, en los escraches y visitas pedagógicas a funcionarios provinciales. Empaparon las calles de una multiplicidad de formas creativas para ejercer la justicia callejera y popular, esa que emerge de nuestras rabias ante tanta impunidad, cuando la justicia burguesa es cómplice y protege a nuestros verdugos. La voz de Sandra Rodríguez resonó potentemente frente a las más de veinte mil personas presentes en el acto al culminar una de las movilizaciones de mayor convocatoria de la historia de Neuquén, el 9 de abril de 2007. La fortaleza y claridad que tuvieron sus palabras generó silencios cargados de emotividad. No vaciló en denunciar que quienes dieron las órdenes fueron tan responsables del asesinato como quien apretó el gatillo. A lo largo de todos estos años esas palabras iniciales de Sandra y sus declaraciones posteriores generaron que “su” Carlos devenga en un Carlos colectivo que está grabado en los cuerpos y no se olvida, aunque desde el riñón del poder político de la provincia se busquen e inventen mecanismos y resortes para que la memoria caduque y con ella la demanda de justicia.

El asesinato de Carlos duele colectivamente, es una herida que no cierra y que cada 4 de abril emerge con más fuerza cuando recordamos 2007. Desarma de manera individual y duele colectivamente, sí. Pero ese dolor se transforma en acción y en el andar colectivo nos volvemos a armar cuando se entrelazan la memoria, las demandas por justicia completa y nuestros gritos y acciones de rabia contra tanta impunidad. Porque, como dijo Galeano, yo también tengo la certeza de que no hay impunidad que sea eternamente impune.