Marita Verón : LA IMPUNIDAD SÓLO GENERA MÁS IMPUNIDAD

Ante el fallo del día de ayer en la causa por la desaparición de Marita Verón:

Expresamos nuestro más profundo repudio a los jueces Alberto Piedrabuena, Emilia Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano y al fallo que absolvió a los 13 imputados en la causa:

* Humberto Juan Doroberti: Empleado en el prostíbulo "Desafío" y acusado como el presunto reclutador de Marita Verón. La Fiscalía pidió una condena de 12 años y 6 meses, mientras que la querella solicitó 24 años de reclusión.

* Daniela Natalia Milhein: Acusada de haber retenido por la fuerza en dos viviendas diferentes a Marita. La fiscalía y la querella pedían 25 años de prisión como partícipe necesario en la retención de persona y el sometimiento a la prostitución.

* María Jesús Rivero: Acusada como presunta autora intelectual del secuestro. Fiscalía y querella solicitaron 25 años de prisión.

* Víctor Ángel Rivero: Presunto autor material del secuestro de Verón. Fiscalía y querella pidieron 25 años de reclusión.

* Andrés Alejandro González: Acusado como presunto partícipe necesario en la retención y sometimiento a la prostitución. La fiscalía pidió 25 años de prisión, en tanto que la querella solicitó 24.

* Domingo Pascual Andrada: Ex policía de La Rioja. Acusado por partícipe secundario como quien trasladó a Verón. La fiscalía pidió 12 años y 6 meses de prisión, la querella, 23 años y 7 meses.

* José Fernando Gómez: Hijo de Medina. Acusado como partícipe necesario en la retención y sometimiento a la prostitución, por ser quien habría pagado por Verón para obligarla a prostituirse. Se pidieron 25 años de condena en su contra.

* Lidia Irma Medina: Acusada como partícipe necesaria en la retención y sometimiento a la prostitución y dueña de las whiskerías, aunque ella argumentó que sólo las alquilaba. Fiscalía y la querella pidieron para ella 25 años.

* María Azucena Márquez: Conocida como "Doña Claudia", está acusada de ser partícipe secundaria y era sindicada por haber estado a cargo del prostíbulo "El Desafío". La fiscalía pidió 12 años y 6 meses de prisión, mientras que la querella 25.

* Mariana Natalia Bustos: Esposa de José Fernando Gómez, había sido acusada como partícipe secundaria. La fiscalía pidió 12 años y 6 meses de prisión, mientras que la querella solicitó 23 años y 6 meses.
* Gonzalo José Gómez: Hijo de Medina, acusado como partícipe necesario por regentear el prostíbulo "El Desafío". Fiscalía y querella pidieron 25 años de reclusión.

* Carlos Alberto Luna: Acusado como partícipe secundario, sindicado como el dueño de los prostíbulos "Desafío", "Candy" y "Candilejas". La fiscalía pidió 12 años y 6 meses, mientras que la querella solicitó 25.
* Cintia Paola Gaitán: Esposa de Luna y acusada como partícipe secundaria. La fiscalía apuntó a una pena de 12 años y 6 meses de prisión, en tanto que la querella pidió 23 años y 6 meses.

DESAPARICIONES

Cuando desapareció nuestro compañero Jorge Julio López, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires (Felipe Solá) y su ministro de seguridad (León Arslanián), reconocieron que más de 3000 integrantes de la policía bonaerense cumplían funciones desde el año 1976 y se habían desempeñado en dependencias que fueron campos de concentración durante la dictadura.

Esos mismos represores son los que le enseñan a los nuevos a usar el gatillo fácil, a torturar en las comisarías, o a ser partícipes de toda la inseguridad: robos, trata de personas, y demás ilícitos. También enseñan y continúan prácticas de desaparición de personas. Aparición con vida de Luciano Arruga!

 El ESTADO es responsable por no garantizar los derechos humanos de las mujeres desaparecidas en la trata, ya sea porque uno de sus agentes haya participado de los delitos, ya sea porque no se establecen las medidas correspondientes para garantizar que no sucedan.

DESAPARICIÓN FORZADA: privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.

 SOLIDARIDAD

Expresamos toda nuestra solidaridad con Susana Trimarco, mamá de Marita y luchadora inclaudicable por los derechos humanos, y con Micaela, su hija, que tuvo que crecer sin ella y aprendiendo desde pequeña lo injusto y perverso de este sistema que no garantizó los derechos de su madre.

 EXIGIMOS

Exigimos al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Tucumán:
APARICIÓN CON VIDA DE MARITA VERÓN
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN
JUICIO POLÍTICO A LOS JUECES CÓMPLICES DE LA TRATA: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina, Eduardo Romero Lascano
BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES – NO A LA TRATA

 Asociación de Ex –Detenidos Desaparecidos

12 de diciembre de 2012
COMPAÑERA ADRIANA CALVO PRESENTE!!

En el día de los DD.HH., las deudas de la democracia

Por Anahí Di Santo. Familiares de Ferreyra, Santillán, Fuentealba y Arruga realizaron una conferencia de prensa para presentar una carta abierta que recuerda que a 29 años de la restitución democrática, aún quedan materias pendientes.

    “A casi treinta años del fin de la Dictadura, la represión por causas políticas, el gatillo fácil, y la corrupción dentro de los aparatos represivos, siguen siendo moneda corriente y en muchos casos continúan llevándose la vida de compañeros y compañeras”, señala el documento que expusieron ayer por la mañana en la Legislatura porteña Pablo Ferreyra -hermano de Mariano-, Leonardo Santillán -hermano de Darío-, Roberto Rodríguez -cuñado de Carlos Fuentealba- y Vanesa Orieta -hermana de Luciano Arruga-, junto a otros familiares de víctimas de violencia institucional y represión policial, y organismos y representantes de derechos humanos, al reclamar por “la justicia y los derechos humanos de ayer y de hoy”.

    Con la presencia de Elía Espen, Madre de Plaza de Mayo, Enrique “Cacho” Fuckman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, los legisladores porteños Claudia Neira y Pablo Bergel y la adhesión de Osvaldo Bayer y Félix Díaz, entre numerosas personalidades y organizaciones que sumaron su firma a la carta abierta, los familiares denunciaron que en el país hubo más de 3.600 asesinados y 197 desapariciones desde el restablecimiento de la democracia en el año ’83.

    Convocados por la falta de justicia pero unidos por la lucha por el cambio, los discursos de los familiares transmitieron un mensaje que atravesó toda la conferencia que apuntó a resignificar el concepto de “derechos humanos”, llevándolo más allá de los crímenes de la dictadura, para vincularlo con cualquier tipo de represión y persecución política y con la “justicia completa” que condene a responsables materiales y políticos de los crímenes, sin dejar de lado que “el acceso a la vivienda, salud, trabajo y la educación sea realmente efectivo para todos y todas, sin pobreza ni exclusión”.

    En este sentido, Pablo Ferreyra, hermano del militante del Partido Obrero asesinado en 2010, destacó “la estrecha relación de los crímenes de Mariano Ferryera, del pueblo Qom, la causa Ledesma y la represión en el Parque Indoamericano, con problemas impostergables de la actualidad, como son la tercerización laboral, la crisis habitacional y el problema de la tierra”, mientras que puso de relieve la necesidad de profundizar los debates acerca de la apropiación colectiva de la tierra y de poner fin a la persecución que sufren las comunidades y los pequeños productores agropecuarios.

    Ferreyra señaló además “la importancia de impulsar marcos regulatorios que desde el punto de vista institucional condicionen los protocolos de las Fuerzas de Seguridad para evitar abusos y violencia”. En la misma línea, Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, el joven desaparecido en Lomas del Mirador, denunció “el silencio que recae sobre las causas de violencia y represión que golpean a los pibes más pobres, como fue el caso de Luciano, quien al negarse a robar para la policía fue detenido, torturado y luego desaparecido. Y el hecho de que no haya avance alguno en la causa habla de una clara política de discriminación, estigmatización y persecución de la pobreza”.

    Por su parte, Alberto Rodríguez, cuñado del maestro Carlos Fuentealba, se refirió a la complicidad del sistema judicial y los beneficios que gozan los condenados dentro del sistema penitenciario. “La causa por Fuentealba se desdobló como una estrategia para utilizar como chivo expiatorio al asesino material y dejar libre a los responsables políticos”, indicó Rodríguez, y agregó que “la justicia de Neuquén no quiere avanzar en el procesamiento de Sobisch porque dicen que no es pertinente investigar al ex gobernador”. Del mismo modo, en la causa por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón, en junio de 2002, el ex presidente Duhalde “nunca ha sido puesto en el banquillo de los acusados como responsable intelectual”. Rodríguez condenó además “las salidas recreativas completamente ilegales y clandestinas, fuera de los penales donde cumplían condena Poblete y Fanchiotti” (autores materiales de los asesinatos de Fuentealba, y Kosteki y Santillán, respectivamente).

    Los familiares denunciaron además que no hay una sola imputación a las responsabilidades políticas de las más de 38 muertes ocurridas el 19 y 20 de Diciembre del 2001, la violencia y la complicidad institucional y delictiva con las redes de trata y prostitución, como lo evidencia el caso de “Marita” Verón, la ausencia total de líneas de investigación en la desaparición de Jorge Julio López, la represión sufrida por los Qom, del mismo modo que las manifestaciones en contra de la megaminería en distintos puntos del país, el violento desalojo del Parque Indoamericano, y la impunidad del gatillo fácil y la prepotencia policial reflejada en los casos de el “Jere”, el “Mono” y “Patom”, en Rosario, y de Jonathan “Kiki” Lezcano, Ezequiel Blanco, Diego Núñez o Paulina Alejandra Lebbos entre otros.

    Haciendo hincapié en el ejemplo que significa la lucha por la memoria y la justicia protagonizada por las diferentes organizaciones de Derechos Humanos que permitieron recuperar más de 100 nietos y nietas, Leonardo Santillán, hermano del militante social Darío Santillán, consideró fundamental “establecer una continuidad entre la lucha por los derechos humanos llevada a cabo por Madres, Hijos y Abuelas y el rol que tienen los familiares de las víctimas de la represión en los crímenes de la actualidad”.

Un reclamo de justicia por los crímenes en El Indoamericano

El Indoamericano, dos años después

ACTO EN EL CABILDO HOY A LAS 12 HS

A dos años de los asesinatos, los familiares de las víctimas de las tomas de tierra en el Parque Indoamericano reclamaron justicia. Acompañados por organizaciones sociales y políticos de bloques de la oposición porteña, la madre de Bernardo Salgueiro y la esposa de Emilio Cañaviri Alvarez explicaron que por ellos y por Rosemary Churapuña “estamos luchando todas las familias para encontrar a los culpables de las muertes” derivadas de la represión de la primera semana de diciembre de 2010. Hacia el final del encuentro, la diputada Rocío Sánchez Andía (CC-ARI) informó que en la Legislatura existen dos proyectos de ley para nombrar “Mártires del Indoamericano” a la plazoleta contigua al parque y a la estación Escalada del Premetro, “para que este hecho no quede en la impunidad del olvido”.

De la reunión con los familiares de las víctimas participaron, además de Sánchez Andía, los legisladores Julio Raffo, Pablo Bergel y Rafael Gentili (Proyecto Sur), Alejandro Bodart (MST) y Laura García Tuñón y Fabio Basteiro (BApT) y referentes de la CTA Capital, el Frente Popular Darío Santillán, la CCC y otras organizaciones sociales.

“A dos años de la tragedia del Parque Indoamericano no se han implementado políticas para garantizar el derecho a la vivienda de los habitantes de la Ciudad”, señaló Sánchez Andía. Por su parte, el legislador Bodart dijo que en 2010 “los gobiernos nacional y porteño prometieron un plan conjunto de viviendas”, que nunca se llevó adelante.

Sobre “la falta de vivienda a pesar de las promesas de los gobiernos” volvió también la diputada Laura García Tuñón. El déficit habitacional, advirtió, “no se resolvió”, y mientras que “el Estado sigue avasallando a la zona sur, vemos que en las escuelas faltan las vacantes, y muchas veces los pibes tienen que trasladarse a otro barrio. Tenemos que impedir que se aplique el plan maestro de la Comuna 8, para impedir que sigan postergando la zona sur”, dijo, en alución al proyecto macrista para ceder tierras de Villa Lugano y Villa Riachuelo para distintos emprendimientos.

Al pedido se sumó, también, el legislador Raffo, cuyo bloque, explicó, “ha expresado solidaridad con los familiares de los asesinados y con quienes ocuparon su lugar en la lucha; a la vez que exigimos al Gobierno de la Ciudad y al gobierno nacional que cumplan con su palabra”.

Los incidentes del Parque Indoamericano sucedieron en la semana del 7 de diciembre de 2010, cuando cientos de familias sin techo ocuparon algunas de esas tierras municipales en Villa Soldati. Reclamaban viviendas, pero su presencia allí fue duramente reprimida, tras lo cual dos personas resultaron asesinadas y 44 policías de las fuerzas Federal y Metropolitana, acusados.

Ex empleado de Unión Mercosur, declaró en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra

La Unión Ferroviaria y los tercerizados

El testimonio aportó datos sobre el comportamiento de la cúpula sindical en la represión del 20 de octubre de 2010.

 Por Ailín Bullentini

“La posición de la Unión Ferroviaria siempre fue en contra del pase a planta permanente de los tercerizados”, aseveró Pablo Villalba, ex empleado de la cooperativa Unión Mercosur, militante por su efectivización y la de sus compañeros en la empresa Ugofe y partícipe de la movilización del 20 de octubre de 2010 en la que fue asesinado el militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y fueron gravemente heridas otras tres personas. Su testimonio fue el último que aportó, en el marco del juicio por esos hechos, datos sobre la responsabilidad de la cúpula sindical en los crímenes. De aquí al comienzo de los alegatos, planificados para mediados de febrero, terminarán de desmenuzarse las responsabilidades policiales, expondrán los peritos que actuaron en la instrucción y se reconstruirán los hechos en el escenario en el que ocurrieron.

Ante una sala repleta de público como hacía varias audiencias no sucedía –el secretario de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro, Roberto Pianelli, y algunos otros metrodelegados ocuparon las primeras filas de la sala AMIA de Comodoro Py–, Villalba recordó que ingresó a trabajar a la cooperativa Unión Mercosur en abril de 2009, que de allí lo echaron en marzo de 2010 junto a otros 150 tercerizados y que en enero de este año se convirtió en uno de los once de ese grupo que logró la efectivización en la línea de ferrocarriles General Belgrano, administrada por Ugofe.

Según contó ante el Tribunal Oral, había ingresado a Unión Mercosur por medio de su hermano, que le había contado que “la Unión Ferroviaria había creado una cooperativa de trabajo para que los familiares de los efectivos pudieran tener un ingreso al ferrocarril”. Comenzó a trabajar en los talleres de Tolosa, en donde compartía tareas con personal efectivo de Ugofe. “Los efectivos hacían mantenimiento igual que nosotros; la diferencia más concreta estaba en el sueldo. Por la misma tarea cobrábamos los tercerizados en muchos casos menos de la mitad del sueldo”, expresó.

El ferroviario apuntó que durante su permanencia como tercerizado participó de algunos reclamos, pero situó su fase más contundente de militancia cuando fue despedido. “Me despidieron por haber reclamado la cobertura de ART. El telegrama que me mandaron decía que me despedían por reestructuración”, especificó. En marzo recibió el telegrama. En abril se sumó al “reclamo por el pase a planta con compañeros de la agrupación Bordó del ferrocarril”, opuesta a la Verde de Pedraza. El objetivo era generalizar la protesta: “Queríamos reflejar el inconveniente que había en el tren: la existencia de 22 empresas que tercerizaban a 1500 trabajadores que hacían la misma tarea que hacían los trabajadores de planta”, puntualizó. Llevaron el reclamo al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Transporte. “No nos dieron respuesta”, aseguró.

“La posición de la Unión Ferroviaria siempre fue en contra del pase a planta permanente de los tercerizados. Siempre trataron de organizar gente para que, cuando intentábamos hacer un acto de reclamo, llegara una patota agresiva para frenarlo”, reflexionó. El testigo consideró que el gremio actuaba de esa manera porque “tenía que garantizar que la cooperativa siguiera funcionando porque (el ex titular de la UF y uno de los acusados en el juicio) José Pedraza era el dueño y en ella trabajaban muchos de sus familiares”.

El 20 de octubre llegaron a la mañana a la estación Avellaneda, pero vieron mucha policía y “gente en los andenes que no eran pasajeros, sino ferroviarios”, mencionó. Recordó que la patota de la UF los despidió al grito de “zurdos de mierda” y a los piedrazos. “Nos estábamos yendo. Había quedado demostrado que la Unión Ferroviaria estaba pensando en cualquier cosa para defender sus negociados y evitar que nosotros hiciéramos nuestros reclamos” cuando Mariano Ferreyra resultó herido de muerte.

El testigo aportó más ejemplos que permiten graficar el comportamiento de la Unión Ferroviaria hacia quienes se animaban a criticar a la dirigencia. “Cuando me despiden fui a hablar con Pablo Díaz, todos los ferroviarios saben que responde a Pedraza. Como era afiliado al gremio, consideré pertinente ir a hablar con alguien para que interviniera sobre mi despido, que para mí era totalmente injusto. Díaz puso sobre su escritorio el legajo de mi hermano, que como yo había estado enfermo varios días como deslizando suspicacias en cuanto a que a ninguno de los dos nos gustaba trabajar”, recordó. También aseguró que Díaz y Claudio Alcorcel, ambos acusados en el juicio, amenazaron de muerte a un grupo de tercerizados de Unión Mercosur: “Les dijo que les iban a pegar un tiro si no se dejaban de joder con el pase a planta”, remarcó.

Procesamiento a Pedraza por cohecho al intentar pagar para ser excarcelado

“Una maniobra orquestada para la impunidad”

La Sala VI de la Cámara del Crimen ratificó el procesamiento del dirigente por haber pergeñado un intento de soborno para ser liberado mientras lo juzgaban por el asesinato de Mariano Ferreyra.

 Por Irina Hauser

El dirigente ferroviario José Pedraza está más cerca de un nuevo juicio oral por haber pergeñado y movido los hilos en un intento de soborno a jueces de la Cámara de Casación Penal para que dejaran en libertad a miembros de una patota de su gremio, la Unión Ferroviaria (UF), acusados de haber matado a Mariano Ferreyra, y evitar en su propio caso terminar en prisión por el homicidio. La situación del sindicalista queda así planteada en función de un fallo de la Sala VI de la Cámara del Crimen, que confirmó su procesamiento por cohecho y tráfico de influencias, junto con los de otros cuatro personajes que colaboraron, desde funciones diferentes, “posicionados en lugares estratégicos”, “con sus relaciones y conocimientos preexistentes”, con una “maniobra orquestada” para “lograr impunidad”. Se trata del contador del sindicado Angel Stafforini, el ex agente de la SIDE Juan José Riquelme, el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid y el prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar.

Pedraza está siendo juzgado en la actualidad por el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21) como posible instigador del homicidio de Ferreyra, quien recibió un disparo en el abdomen cuando se desconcentraba una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca de la que participaba como militante del Partido Obrero (PO). Junto con él están en el banquillo su número dos, Juan Carlos Gallego Fernández, ocho matones y siete policías. La trama del intento de coima fue descubierta en los primeros meses de la investigación, en el verano posterior al asesinato del chico, que había sido en octubre de 2010. Fue cuando la jueza Wilma López tenía varios teléfonos intervenidos, entre ellos el del propio Pedraza, y se topó con conversaciones que dejaban a la vista cómo el líder sindical organizaba en contacto con los otros cuatro implicados, una estrategia para darle un golpe la investigación de primera instancia, conseguir la libertad de los integrantes de la patota, que estaba apelada en Casación, y de esa manera evitar que la pesquisa llegara hasta él.
“Reitero, son verdes”

“Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”, es la frase –ya célebre– que Riquelme le dejó a Pedraza en su contestador automático el 24 de enero de 2011, cuando estaban en plenas negociaciones. El ex espía, en efecto, intentaba evacuarle una duda: si lo que debían pagar, de acuerdo a lo conversado con el intermediario Aráoz de Lamadrid, eran pesos o dólares. Porque habían hablado de “85 mil”, pero no de la moneda pactada. Aráoz había actuado en el caso Ferreyra como defensor del picaboletos Guillermo Uño, pero al llegar el final del año se corrió de ese papel y, según la imputación en su contra, fue para ofrecer sus contactos en Casación, donde había sido secretario por una década del camarista Eduardo Riggi y donde conservaba a su amigo, también ex secretario de Riggi, Luis Ameghino Escobar, quien manejaba en el tribunal el sorteo de asignación del expedientes entre las cuatro salas que lo componen. El objetivo, surgía de los comentarios elocuentes del Riquelme, era que fuera “elegida” la sala III, por entonces encabezada precisamente por Riggi, a quien mencionaba como “el amigo Eduardo”. Como si quisiera nombrarlos en clave, a Aráoz de Lamadrid lo llamaba “el amigo de la calle Viamonte”, por la ubicación de su estudio jurídico, y a Ameghino Escobar “el señor de las teclas”, lo que describía su función de manejar la computadora para realizar los sorteos informáticos que definen qué jueces tratan un caso.

“Las constancias de la causa, analizadas y articuladas en forma armónica, permiten demostrar, por lo menos a esta altura del trámite, la presencia de los pactos venales acordados para lograr objetivos ilícitos”, dice el fallo de 64 páginas firmado por los camaristas Mario Filozof, Julio Marcelo Lucini y Ricardo Matías Pinto. Al sentar posición, los jueces dicen que abonan la hipótesis que sostuvo en su momento el fiscal Sandro Abraldes y luego también el juez Luis Rodríguez al dictar los procesamientos: “Hubo una maniobra orquestada entre los imputados que, valiéndose de relaciones y conocimientos preexistentes, se posicionaron en lugares estratégicos para lograr la impunidad de Pedraza y de otras personas más”.

Las escuchas telefónicas que sostienen buena parte de la causa muestran que Riquelme, al hablar, revelaba un vínculo de confianza con Pedraza, y lo iba manteniendo al tanto de sus gestiones, que incluían contactos especialmente con dos camaristas de Casación: con Riggi, con quien tuvo llamados telefónicos en la etapa investigada; y con el ex juez Gustavo Mitchell, a quien decía frecuentar y visitar. También aludía a Mariano González Palazzo, que era subrogante, aunque decía que el lazo con él lo manejaba Aráoz de Lamadrid. Riquelme también negociaba con Aráoz y hacía de puente con Stafforini, vicepresidente de la empresa Belgrano Cargas además de contador de la UF. Aráoz hablaba con Ameghino.
Sorteo y soborno

El fallo de la Cámara describe que “el plan ideado” tenía “dos etapas”: “la primera, radicaba en lograr que fuera sorteada la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, en la que se desempeñaba el Juez Riggi” para que resolviera los planteos de excarcelación de siete miembros del grupo de choque; “la segunda, cuyo éxito dependía en gran medida de la anterior” “consistía en ejercer una indebida influencia sobre el juez Riggi y, directa o indirectamente a través de él sobre los restantes integrantes de la Sala III, para obtener un fallo favorable a los intereses”. Este tramo del plan habría quedado trunco (hasta donde se sabe) porque a raíz de los seguimientos telefónicos y en la calle que se hicieron a los sospechosos se logró establecer el momento exacto en que Stafforini le llevaba 50 mil dólares a Aráoz de Lamadrid a su estudio jurídico, que fue allanado instantes después de la visita. El dinero, en billetes, fue hallado en un sobre rotulado “Octavio” e incautado por personal policial.

A lo largo de enero de 2011, Riquelme y Aráoz hablaban todo el tiempo del “día dos de febrero” como la fecha clave en que debían haber concretado el pago del direccionamiento del sorteo de Casación. El 26 de enero, todavía sin novedades, Riquelme se empieza a poner nervioso y le dice a Aráoz de Lamadrid: “El amigo José está terriblemente ansioso, hoy tuve doce llamados de él”, y le cuenta cómo trató de calmarlo a Pedraza: “José, mirá te lo dije ayer... si está de por medio el amigo de la calle Viamonte, José, por favor, a vos que te encanta tanto y lo disfrutás y yo te felicito, poné el champán en la heladera, te lo retomás y te vas a acostar, punto y aparte, no te hagas el chinchorrito donde no existe”.

Ese mismo día “el señor de las teclas” hizo su “tarea”, anunciaría después Riquelme. Salió sorteada “la sala de nuestro amigo”, le diría Aráoz de Lamadrid, en alusión a Riggi, después de haber intercambiado ocho mensajes de texto con Ameghino Escobar sobre “el éxito de la tarea encomendada”. “Fue a la sala de los amigos que hemos elegido, donde está el amigo Eduardo”, le transmitiría también Riquelme a Stafforini. La Cámara entre sus conclusiones señala que quienes operan el sistema informático de sorteos pueden hacer alguna maniobra o especulación, como esperar a que estuviera sólo disponible en el bolillero virtual la Sala III.

Aráoz, que estaba en Brasil, adelantó el regreso de sus vacaciones. El 1O de febrero esperaba en su estudio a Stafforini, que fue acompañado por Susana Planas, de Belgrano Cargas. Con el avance de la investigación se estableció que antes de ir allí habían pasado por la caja de seguridad de Stafforini en la sucursal Monserrat del Banco de Galicia, de donde se llevó el dinero en un maletín. Había ido incluso escoltado por Marcelo Daniel Pérez el jefe de seguridad de Belgrano Cargas, para tener protección, algo que Pérez reconoció y relató en detalle cuando fue citado para dar testimonio en tribunales. Los informes de inteligencia dicen que Stafforini entró al edificio de la calle Viamonte con el maletín lleno, y al salir se notaba que estaba vacío. Después del procedimiento, Aráoz lo llamó: “Escuchame, me están allanando por el tema este, corten todos los teléfonos”.
Lo que viene

La Cámara, que confirmó los embargos que llegan a 200 mil pesos, sostiene que está “acreditada” la relación que tuvo Aráoz de Lamadrid con el Juez Riggi que, al igual que Escobar, superó una década de desempeño conjunto (...) tampoco puede soslayarse el conocimiento que tenía Riquelme de ese magistrado y, muestra de esa circunstancia, son las dos conversaciones que tuvieron en el período que interesa a la investigación. Ahí dan cuenta de la confianza y el grado de intimidad que se dispensaban mutuamente. El vínculo entre ambos está comprobado y se puede concluir que la posibilidad de influir de los distintos actores que intervinieron en la maniobra era real y no ficticia”. El juez de primera instancia, Rodríguez, (ahora juez federal), despegó a Riggi de sospechas. La Cámara no lo modifica. Habrá que ver qué hace el juez actual del caso, Guillermo Rongo. El Centro de Estudios legales y Sociales, que representa a la mamá de Ferreyra como querellante, pedirá que se profundice la investigación sobre las relaciones de los funcionarios judiciales, dirigentes sindicales y lobbistas. Riggi es el único de los cuestionados por esta causa que sigue en Casación, aunque tiene pedido de juicio político.

Miembro de la patota ferroviaria admitió que persiguieron a los terciarizados

“Para que se vayan lejos y no vuelvan”

En el juicio por el crimen de Ferreyra, ayer declaró el picaboletos Guillermo Uño, uno de los acusados. Reconoció que el objetivo de la patota era perseguir a los tercerizados, dijo desconocer quién disparó y le pidió perdón a la madre del militante asesinado.

 Por Ailín Bullentini

En una confusa declaración indagatoria, Guillermo Uño, uno de los imputados en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, confesó que el grupo de ferroviarios que integró persiguió a los trabajadores tercerizados “para que se vayan lejos y no vuelvan más”. Pero negó saber quién mató al joven militante del Partido Obrero: “Yo estoy seguro de que alguien se equivocó y de que ése la tiene que pagar. Si yo sabría quién disparó, lo diría. Pero no ensucien a todos por haber participado”, se quejó, intentando despegarse. Uño pidió hacer uso de su derecho a hablar en el mediodía de ayer: “Yo estoy en la cárcel por tirar piedras. Seré un tirapiedras, pero no soy un asesino”, remarcó el picaboletos, acusado de ser partícipe necesario en el crimen, sospechado de integrar la cadena de recepción y ocultamiento de las armas utilizadas por la patota que en octubre de 2010 “corrió” al grupo de manifestantes entre los que se encontraba Ferreyra, un grupo de trabajadores tercerizados de la ex línea de trenes Roca que reclamaban, acompañados de militantes de agrupaciones de izquierda, por el pase a planta permanente.

Uño declaró en una jornada que estuvo dedicada al rol de la policía en los hechos ocurridos aquel 20 de octubre en las inmediaciones del Puente Bosch (ver aparte). Por pedido del acusado, el presidente del TOC 21, Horacio Díaz, fue el único que pudo hacer preguntas. El resultado bastó a las querellas, que consideraron que la indagatoria llevó más agua para sus molinos que para el de las defensas, incluida la de Uño.

“Afirmó por primera vez desde el lugar de una defensa que el objetivo de los ferroviarios fue correr a los manifestantes para que no vuelvan nunca más, aquello que señalamos ante la cámara criminal: propinar una lección para que los trabajadores que estaban organizándose por fuera de la burocracia sindical nunca más cuestionaran el poder del esquema ferroviario. Sumó muchos detalles de cómo funciona la estructura jerárquica y vertical sindical”, explicó la abogada de los manifestantes heridos, María del Carmen Verdú. Con el punto coincidió el abogado de la madre de Ferreyra, Maximiliano Medina (CELS): “Fortaleció la hipótesis de que el ataque se produjo para aleccionar a los tercerizados”, ya que “en ningún momento explicó para qué avanzaron, cuál era la intención de ir tras ellos, más allá de para echar a los manifestantes”.

Para romper el hielo, el picaboletos relató cómo acudió al “acto de presencia” para “impedir” el corte de vías. “A mí no me convocó nadie. Mi compañero –un tal Amarilla– me dice que va a una manifestación por el corte de vías y le pregunto por qué no puedo ir yo. Me dijo que lo llame al delegado (Jorge) Dotta, quien me dio el OK.” Según mencionó, con el “OK” de Dotta bastaba para abandonar su puesto de trabajo: “El supervisor no puede decir nada porque se basa en lo que dice el delegado”, respondió al juez, dejando expuesto el poder que el sindicato ejercía sobre la empresa. Contó que llegó a Avellaneda cerca de las 11 y que había “sólo gente de Escalada” en la estación de trenes. Abajo, sobre la calle, ubicó a los tercerizados, y confusamente inició un relato del primer “enfrentamiento” entre ambos grupos, sobre las vías. En forma desordenada apuntó que “iba llegando más gente de nosotros”, que “llegamos a ser 200 entre los que estaban arriba y abajo” de las vías. Dijo que de los que estaban allí “conocía a muchos compañeros, como (Jorge González) ‘Gonzalito’, porque era delegado titular, a Pablo Díaz, a Cristian, que no es Cristian sino ‘Harry’, hincha de Defensa y Justicia y de Varela. A Pipito, a Alcorcel, a Pérez y a Sánchez, nada que ver, no los conozco”.

Narró que vio que los tercerizados “agarran sus pancartas y se van. Pero el comentario era que esta gente podía volver. Yo me estaba por ir... Y bueno, nos quedamos”. Empezó a relatar el inicio de la corrida a los manifestantes. “Vamos, vamos”, reconstruyó sus gritos de aquel mediodía. “Los muchachos querían seguir a esta gente y yo empiezo también a hacer señas como de ‘vamos’.”

–¿Vamos a qué? –preguntó el presidente del tribunal.

–Para correrlos, para que se vayan lejos y no vuelvan más.

Uño reconoció que tiró piedras a los manifestantes, pero negó haber visto a ferroviarios con elementos en las manos. Señaló a los delegados “Pablo Díaz, Dotta, Amuchástegui, Piola”, como los conductores del grupo que él integró aquella mañana y pidió disculpas a Beatriz Rial, la madre de Mariano Ferreya: “Me equivoqué y me arrepiento por la muerte de su hijo, pero no somos todos asesinos. Le aseguro que yo, nada que ver”

Las primeras horas de la audiencia de ayer estuvieron dedicadas a analizar la situación procesal de los policías imputados. Luego de algunos testigos que desfilaron ante el TOC 21 sin sumar datos al debate, Alejandro Hayet, quien estuvo hasta diciembre de 2010 a cargo de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal, complicó la situación de los acusados Jorge Ferreyra, de la División Roca; Luis Mansilla, de Control de Líneas; del comisario mayor Hugo Lompizano y del subcomisario César Garay, de la comisaría 30ª, quien estaba en el lugar de los hechos, todos acusados de abandono de persona seguido de muerte. Hayet adjudicó capacidad de mando y autoridad a esos comisarios. Sobre Garay, aportó: “Hubiera hablado de una persona de buen temperamento si habiendo un grupo que se desplaza, y además enfrentado a otro, la fuerza hubiera acompañado ese desplazamiento”.

La movilera de C5N, Gabriela Carchak, dio su testimonio en el juicio por el crimen de Ferreyra

“Nos gritaban ‘bajá la cámara, no filmés’”

La periodista reconoció ante el Tribunal a los acusados Jorge González y Salvador Pipito entre quienes la amenazaron el día del asesinato. Hizo un detallado relato de la situación antes y después de que ocurrieran los hechos.

 Por Ailín Bullentini

La periodista Gabriela Carchak reconoció ante el Tribunal en lo Criminal Nº 21 a Jorge González y a Salvador Pipito, dos integrantes de la patota ferroviaria acusada de matar al militante Mariano Ferreyra y herir de gravedad a Elsa Rodríguez y a otros dos manifestantes, como dos de los agresores que la increparon, insultaron y la obligaron a dejar de hacer el móvil que estaba realizando el mediodía del 20 de octubre de 2010. “Yo les ofrecía el micrófono y ellos me respondían ‘vos siempre lo mismo, dándoles cámara a estos piqueteros de mierda’”, recordó en un pasaje de su testimonio en el marco del juicio, que ya alcanzó su tercer mes de audiencias. Aseguró que tanto ella como el camarógrafo Gustavo Farías, quien declaró por la mañana, y el asistente Marcelo Polito tuvieron miedo: “Los tres estábamos asustados. No sabíamos cómo iba a terminar el asunto. Ante la orden de ‘bajá la cámara o te rompo todo’ que nos gritaron, obedecimos. No nos íbamos a poner a discutir con estas personas”.

Había expectativa en la sala principal de los Tribunales de Comodoro Py por el testimonio de Carchak, periodista de C5N. Si bien su declaración era importante para definir la situación de González, Pipito y, aunque en menor medida, Juan Carlos Pérez, también existía expectativa en cuanto a lo que pudiera aportar con respecto al móvil de la acusación que recae sobre los procesados: a grandes rasgos, una nueva prueba de que no hubo enfrentamiento sino que fue un ataque de parte de los ferroviarios a los tercerizados, una emboscada. La cronista no defraudó.

Las preguntas de la Fiscalía resultaron una mera guía para Carchak, que narró con detalle los hechos tal como los vivió aquella mañana: que llegó a Pedro Luján y Santa Elena, en Barracas, a hacer una nota por un “corte de vías”; que cuando llegaron –ella, Farías y Polito– se encontraron con “alrededor de 50 personas, algunos parados, otros sentados, replegando unas banderas, había mujeres, jovencitos” y que “un tal Diego, de los tercerizados del ferrocarril”, le contó que “iban a cortar las vías para reclamar por su situación laboral y que no pudieron porque un grupo grande de hombres de la Unión Ferroviaria los atacaron a piedrazos”. Entrevistó a Diego y a “dos mujeres y a un hombre heridos” por las pedradas supuestamente recibidas en las vías. Una de las personas que Diego le acercó resultó ser Elsa Rodríguez, luego una de las víctimas.

Carchak esquivó varias chicanas de los abogados defensores, entre ellos el siempre listo Alejandro Freeland, letrado de Juan “Gallego” Fernández, que la increpó en varias oportunidades sobre si ella “nunca supo” si los manifestantes estaban armados o llevaban la cara tapada. “Tenían banderas, ni palos, ni gomeras. Nada de armas. Hablé con ellos a cara descubierta. Muy tranquilos, me contaron sobre la agresión que sufrieron en las vías, pero luego yo vi cómo fueron agredidos”, contestó.

Los hechos se sucedieron antes de que decidieran regresar al canal. “Los manifestantes recogen sus cosas y comienzan a caminar hacia Vélez Sarsfield. Yo me corro un poco y veo en el otro extremo de la calle unas 200 personas que empiezan a venir corriendo, gritando, con palos en la mano y alguna piedra también, hasta donde estábamos”. Su equipo estaba en la calle, tomando imágenes. Ella, por “miedo” –un policía de civil le advirtió “váyanse de acá porque nos matan a todos”, rememoró–, se escondió en la vereda. “Veo que cinco, seis o siete personas rodean a mi camarógrafo y a mi asistente y los empiezan a increpar de una manera bastante violenta, y pensé que si veían a una mujer los iban a tratar mejor. Entonces me metí, prendí el micrófono y les ofrecí que dijeran lo que ellos quisieran.” Pero no se calmaron. “A mi camarógrafo le decían ‘bajá la cámara, no filmés, te voy a romper todo’. Yo les ofrecía el micrófono y ellos me respondían ‘vos siempre lo mismo, dándoles cámara a estos piqueteros de mierda’. Me seguían gritando que no querían decir nada, salí de acá, que bajara el micrófono”, recordó.

Su testimonio coincidió con el de Polito en cuanto a que quienes los insultaron los “llevaron” hasta el playón de Chevallier. Desde allí escucharon “estruendos, piedrazos contra parabrisas y contra chapas”, mencionó la periodista, pero negó haber distinguido ruido de disparos. Luego añadió: “Salimos del galpón y se nos acercan llorando manifestantes de los primeros con quienes habíamos estado hablando, diciendo que había heridos de bala”. Ella, al igual que Polito, también vio a Mariano Ferreyra “muy malherido”.

Antes de señalarlos en los crudos de los audiovisuales, la movilera de C5N describió brevemente a dos personas del grupo que los amenazó. Una que tenía un cuello ortopédico (González), quien “me gritaba todo el tiempo”. Y el otro, rubio, de 1,68 metro, de rulitos, pelo largo y ojos claros (Pipito), que me llevaba hacia el portón de Chevallier. “No me dejaba caminar hacia otro lado”, puntualizó.

Sergio Berni, secretario de Seguridad, denunciado

Documento: Denuncia presentada en el juzgado Federal N°7

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue denunciado ayer por organizaciones sociales y de derechos humanos por el arresto de 68 personas sin orden judicial y su posterior traslado a la guarnición militar de Campo de Mayo.

El arresto tuvo lugar en agosto pasado y los manifestantes, entre los que había menores de edad, cortaban la ruta Panamericana.

La denuncia fue presentada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Liberpueblo y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y recayó en el juez federal Sebastián Cassanello, informaron a la agencia DyN fuentes judiciales.

Se trata de los hechos que ocurrieron el 30 de agosto pasado cuando beneficiarios del plan "Argentina Trabaja" cortaron la Panamericana a la altura de la localidad de General Pacheco, para reclamar porque no los incluyeron en el aumento que se había otorgado en ese subsidio.

Las organizaciones denunciaron que cuando finalizaba la protesta y la gente se retiraba "efectivos de Gendarmería subieron a los micros ostentando sus armas y se ubicaron sobre los pasillos centrales de los mismos, vociferando a los gritos que se encontraban todos detenidos e incomunicados, exigiendo a todos los ocupantes apagar sus teléfonos celulares".

"La violencia desplegada injustificadamente por la Gendarmería Nacional se vio exponencialmente agravada por el hecho de llevar a todos los detenidos a Campo de Mayo, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar genocida, lugar en el que se torturó, violó, asesinó y despareció a cientos o miles de compatriotas", 

MENORES DE EDAD

Entre las personas detenidas había nueve menores de edad, entre ellos una nena de dos años y un nene de cuatro.

"Tal como es de público conocimiento, este operativo fue dirigido presencialmente por el jefe máximo de las fuerzas de seguridad actuante, el Tte. Coronel Sergio Berni, en su calidad de Secretario de Seguridad de la Nación", criticaron.

Las organizaciones señalaron que "sin contar con atribuciones legales, ni orden judicial, [Berni] dispuso la detención, incomunicación y traslado a Campo de Mayo de las 68 personas, acción que motiva la presente denuncia".

A todos ellos la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado les inició una causa penal por interrumpir el normal funcionamiento de los transportes al cortar la autovía.

Berni fue denunciado por violar el artículo 144 bis del Código Penal, que en su inciso primero castiga con uno a cinco años de prisión al "funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal". El juez Cassanello recibió a los abogados que presentaron la denuncia, Nicolás Tauber y Patricio Gaynor, a quienes les dijo que le dará el curso formal a la denuncia.

Ahora se espera que el fiscal federal Eduardo Taiano dictamine si impulsa la investigación.

Otro testigo contra Favale y la policía

Gonzalo Fernández, uno de los tercerizados que participó en la manifestación donde fue asesinado el militante del PO Mariano Ferreyra, indentificó al barrabrava de Defensa y Justicia Cristian “Harry” Favale como uno de los integrantes de la patota que disparó contra la movilización. Además, destacó: "Les dijimos a los policías que nos estaban tirando con plomo, pero no hicieron nada". La audiencia estuvo suspendida casi dos horas por un corte de luz en Comodoro Py.

“Desde atrás de un auto salió un tipo morrudo, de remera azul que disparó hasta que se le acabaron las balas”, contó Fernández, quien además de dar una descripción física del tirador que coincide con la de Favale, sostuvo que lo vio "tres o cuatro veces" antes de aquella tarde.

El ferroviario también relató que cuando comprobó que les estaban disparando con munición de plomo dio aviso a la policía que se encontraba en cercanías del escenario de los hechos. “Les dijimos a los policías que nos estaban tirando con plomo, pero no hicieron nada… Había mujeres y chicos con nosotros. Llegaron a estar a 30 metros de donde estábamos nosotros”, denunció.

El testigo reconoció que el grupo de tercerizados apoyados por militantes del PO, del que él formaba parte, tenía intención de bloquear las vías, pero no concretaron su objetivo porque “estaban ellos arriba del terraplén y no se podía".

En la audiencia de hoy está previsto que declaren la periodista del canal de noticias C5N Gabriela Carchak y sus camarógrafos, quienes cubrían la nota y fueron increpados por integrantes de la patota ferroviaria.

Sobrero: "Todas las decisiones las toma Pedraza"

El dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero aseguró ante el Tribunal Oral Criminal 21, que investiga el asesinato del joven militante del PO Mariano Ferreyra, que el detenido y líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, maneja de manera "vertical" el gremio y denunció que ese sindicato prefería tener tercerizados a sumar nuevos afiliados porque priorizaba el interés "empresario". Las querellas consideraron "clave" la declaración de Sobrero por la descripción del entramado político de la UF.

En su declaración, Sobrero recordó que antes del crimen de Ferreyra, durante una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca, Pedraza evitar incorporar a los trabajadores flexibilizados a las filas del gremio, a excepción de una vez en la que llegó a un acuerdo con Claudio Cirigliano, ex-concesionario del ferrocarril Sarmiento y procesado por la Tragedia de Once, "porque a él le servía como empresario".

"Me consta la actitud que tuvieron contra los tercerizados. Cuando empieza el conflicto en el Roca el gremio gestiona aumentos de salarios para tercerizados que incluso eran de otro gremio, como la UOCRA, pero no el pase a planta permanente, aunque todos cumplían con funciones ferroviarias", resumió Sobrero.

A continuación, declaró Rubén Núñez, un empleado de la empresa de servicios de Seguridad Mapra SRl que hasta enero de 2011 estuvo contratada en el Roca. El 20 de octubre de 2010 tuvo como trabajo estar en la estación Avellaneda y luego siguió al grupo de ferroviarios que se había convocado para impedir el corte de vías por parte de los tercerizados. "Iban con piedras, palos y botellas en las manos, siguiendo a los manifestantes. Ahí me fui. Me la vi venir", contó el testigo sobre los miembros de la UF.

Por otra parte, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 prorrogó hoy por seis meses más las prisiones preventivas de gran parte de los acusados, al cumplirse dos años de las detenciones sin que haya aún sentencia en su contra.

La decisión afectó a los acusados de haber sido los autores materiales de los disparos, Cristian Favale y Gabriel "Payaso" Sánchez, al delegado de la UF en el Roca Pablo Díaz y a Francisco Pipito, entre otros. La decisión no incluyó a Pedraza ni a su segundo en el gremio, Juan Carlos "Gallego" Fernández, porque ambos quedaron presos con posterioridad, en febrero de 2011.

Otro testigo señaló a Favale y Díaz

El empleado ferroviario Marcelo González afirmó que el detenido Cristian Favale fue el autor del disparo que mató al militante del Partido Obrero. El testigo aseguró haber escuchado al tirador gritar: "¿Viste que le di en la panza?". Además declaró que el delegado Pablo Díaz daba las órdenes a la patota de la Unión Ferroviaria.

"Yo lo ví al loco de mierda este, disculpe la expresión, pero es un loco de mierda, disparar y al chico agarrándose la panza", contó González al Tribunal Oral en lo Criminal 21 en referencia a Favale. Agregó que era conocido entre los ferroviarios y se decía que actuaba como "custodio" del delegado de la Unión Ferroviaria en el Roca, Pablo Díaz.

Otros testigos habían descripto ya a un hombre parecido a Favale como uno de los tiradores, pero González fue más directo: "Yo solo escuché las detonaciones de Favale, porque lo tenía al lado". Afirmó además que tras disparar, lo escuchó gritarle a Díaz: "¿Viste que le di en la panza?".

González recordó que el 20 de octubre de 2010 un delegado los convocó a la marcha a medida que llegaban a su trabajo y marcaba en una lista a quienes se sumaban para ir hacia Avellaneda, pero que él entendió que los llamaban para "hacer acto de presencia, no para tirar piedras ni bajar a las vías". Pero dijo que ya en el lugar, se toparon con el ahora detenido Díaz, quien comenzó a tratarlos de "cagones" porque no bajaban de las vías para agredir a los manifestantes. "Él era el de la idea de correrlos", explicó.

Tras un primer incidente de intercambio de piedrazos, del lado de Provincia, la marcha ingresó en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas y allí fue cuando "de repente llegó un grupo" al que en un primer momento confundió con más militantes del PO porque no estaban vestidos como ferroviarios. "Venían eufóricos", recordó. Entonces reconoció entre ellos a Favale. "Estaba todo el tiempo atrás de Pablo Diaz", explicó.

"Cuando llegó ese grupo, Pablo Díaz insistió más con que bajásemos" y como ellos intentaban no hacerlo les gritó "bajen, manga de cagones" y entonces bajaron. González explicó que para ese momento los manifestantes ya estaban lejos de ellos, a unas tres cuadras de distancia por lo cual tuvieron que correr hasta alcanzarlos. "La idea era correrlos para que se asusten", aseguró.

El testigo tenía un ladrillo en la mano, pero lo soltó cuando escuchó que se iniciaba "otra pelea". "Corrí y mientras retrocedo, lo vi patente, uno de los chicos del PO se agarró la panza y se tiró para atrás, yo después me entero que el chico este era Mariano", manifestó. El ferroviario relató que todos se fueron del lugar sin que la policía intentara detenerlos y que al día siguiente volvieron a trabajar de manera habitual pero "era un silencio total, la gente estaba asustada".

Agregó además que otro trabajador le contó que alguien le había "usado el hombro" para apoyarse y disparar pero que no había llegado a ver de quién se trataba. También relató que la empresa por primera vez los sancionó por haber ido a un acto de este tipo en horario laboral, algo que nunca había pasado con UGOFE. "Soy una persona de bien. No soy un asesino", concluyó.

Por el crimen son juzgados el titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza, su segundo Juan Carlos "Gallego" Fernández, el delegado Pablo Díaz, Favale y los demás acusados de haber integrado la patota que ese día atacó con armas de fuego a los manifestantes que reclamaban por el pase a planta permanente de trabajadores tercerizados del ex ferrocarril Roca. Además son juzgados policías federales por haber supuestamente liberado la zona del barrio porteño de Barracas donde ocurrió el ataque.

Dos testigos complicaron aún más a Pedraza

La situación del detenido líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, se complica cada vez más en el juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. En una nueva jornada del proceso oral, dos testigos volvieron a vincularlo con una de las cooperativas contratadas por la Ugofe para brindar servicios en los ferrocarriles. En tanto, hoy estaría prevista la declaración del testigo Alfonso Severo, quien debía hacerlo el 3 de octubre, pero fue secuestrado durante 24 horas. 

En la audiencia de ayer, el testigo Roberto Menón dijo que “Silvia Coria estaba al frente de la cooperativa Unión del Mercosur”, en alusión a la cuñada de Pedraza. Ante los jueces explicó que “realizaba trabajos como contador para tres cooperativas que luego fueron absorbidas por el Belgrano Cargas”, que también lo contrató a él. Y agregó que “hasta que esto ocurrió concurría para los trabajos contables a San José 583, un edificio que pertenece a la esposa de Pedraza y donde se llevaba la contabilidad de las cooperativas que supuestamente no dependían del gremio ferroviario, cuyos afiliados son de planta permanente de los ferrocarriles”. Además detalló que Unión del Mercosur tenía en su directorio a gremialistas de la UF, que un sobrino de Pedraza, Maximiliano, era administrativo y que el actual contador del gremio y vicepresidente del Belgrano Cargas, Angel Stafforini, también era “asesor” de esas cooperativas. Stafforini está procesado en otra causa por supuesto ofrecimiento de sobornos a jueces de la Cámara de Casación para obtener las excarcelaciones de los detenidos por el crimen de Ferreyra.

Otro testigo, Eduardo Pereyra, miembro de la gerencia de Ugofe Roca, también aludió a la cooperativa vinculada con Pedraza. Y afirmó que los reclamos de los trabajadores tercerizados de esas cooperativas llegaban a la gerencia de la Ugofe por una “vía independiente” que no era el gremio ferroviario y que no pasaban a planta permanente porque la Secretaría de Transporte de la Nación no lo autorizaba, al menos hasta 2010, cuando fue asesinado Ferreyra.

El Tribunal Oral 21 citó a Severo, ex gerente de la empresa Ferrobaires, para las 10 en los tribunales federales de Retiro, en medio de rigurosas medidas de seguridad que incluyen su custodia por parte de la Gendarmería. Severo se había presentado en forma espontánea ante la Justicia un día después de la muerte de Ferreyra para relatar que la UF planeó el ataque a los tercerizados y que en sus oficinas había armas. Después de sufrir un secuestro, afirmó que tenía más elementos para aportar sobre la vinculación entre la UF, Ugofe, Ferrobaires y hombres del duhaldismo en el armado de una organización de negocios y patotas.

El testigo Alfonso Severo citado para la próxima semana

El ex empleado de Ferrobaires que estuvo desaparecido durante 24 horas no será sometido a una pericia psiquiátrica. Así lo dispuso el Tribunal Oral Criminal, que no precisó el día exacto en que declarará. Ayer se tomaron otros testimonios.

Por Ailín Bullentini

El ex empleado de la empresa Ferrobaires que estuvo desaparecido 24 horas hace una semana, Alfonso Severo, será citado a declarar la semana próxima en el juicio que se le sigue al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y a otros miembros de ese gremio por el crimen de Mariano Ferreyra y las heridas a otros militantes del Partido Obrero. Así lo determinó el presidente del Tribunal Oral Criminal porteño Nº 21, Horacio Díaz, que sin especificar el día exacto en el que será citado a declarar Severo comunicó el rechazo del cuerpo judicial a someterlo a una pericia psiquiátrica, tal como lo había solicitado la defensa del ex secretario administrativo de la UF Juan Carlos “Gallego” Fernández, acusado de instigador del hecho. El testimonio de un trabajador ferroviario que complicó la situación de los gremialistas acusados y el de una funcionaria de la UF que sembró dudas en la estrategia de defensa de sus compañeros sindicales fueron las novedades fuertes de la jornada.

El TOC comunicó el rechazo a someter a Severo a una pericia psiquiátrica, pero no clausuró esa posibilidad. Según lo expuesto en instrucción, Severo podría aportar datos que complicarían a los gremialistas acusados, como la existencia de armas guardadas en galpones de la Unión Ferroviaria.

El guarda-tren de la estación de Llavallol, Jorge Hospital, se sentó en el banco de los testigos luego de un cruce, algo ya habitual en el juicio por la muerte de Ferreyra, entre la defensa del Gallego Fernández, las querellas y el Tribunal. Miembro de la lista Gris de la Unión Ferroviaria, opuesta a la Verde de Pedraza, aportó algunos detalles acerca del comportamiento habitual de los acusados en su lugar de trabajo. Por ejemplo, aseguró que un compañero de trabajo le contó que Gabriel “Payaso” Sánchez, detenido y sospechado de “tirador”, lo apuntó con un arma de fuego un día en la sala de guardas, cuando “jugaban al metegol”.

“Me dijeron que hacían ostentación de armas en Constitución y más de una vez, y un compañero me refirió que a él le apuntó Sánchez con un arma de fuego en forma risueña cuando jugaban al metegol en una sala de guardas y extrajo un arma como chanza”, narró. En cuanto a Pedraza –quien se dio vuelta varias veces durante la audiencia para saludar a sus familiares–, el guarda-tren informó que “maneja el gremio con autoridad ejercida a través de Juan Carlos Fernández del Roca, y éste a través de delegados como Pablo Díaz”, ambos detenidos y acusados en el juicio. Por último reconoció a varios de los acusados en fotografías del día de la agresión a los tercerizados del Roca que les fueron exhibidas durante su testimonio. En ellas también identificó al jefe del departamento de Transporte del Roca, Héctor Hourcade.

En cuanto al funcionamiento de la Unión Ferroviaria y su peso dentro del mecanismo empresarial de los ferrocarriles, Hospital coincidió con lo que mencionaron otros testigos en el juicio, al calificar al gremio como una “oficina de personal” en la que se manejaban los nuevos ingresos como ascensos, y los cambios de turno debían negociarse con el gremio y no con directivos de la empresa.

Luego llegó el turno de la secretaria de Relaciones Internacionales de la Unión Ferroviaria, ex integrante de la comisión de Reclamos del Roca y ex boletera de esa línea de trenes, Karina Benemérito, una testigo de las defensas de los gremialistas que, no obstante, mostró debilidad en varias de sus respuestas. Plagada de “no recuerdo”, su versión de los hechos cuenta que, el 20 de octubre de 2010, el Gallego Fernández y Pedraza participaron de un congreso de una revista ferroviaria llamada Latin Rieles, en el que ella también estuvo; que el congreso duró aproximadamente entre las 9.30 y las 16, y que “después del mediodía” comenzaron a “recibir llamadas para saber por el corte de vías”. También asintió –frente a una pregunta de la acusación– que participó de una reunión realizada días después del 20 de octubre en el club Almirante Brown de Adrogué entre Díaz y los delegados Claudio Alcorcel y Daniel González –acusado–, entre otros. “Nos juntamos a hablar de lo que estaba pasando y de lo que íbamos a hacer.” Ante la consulta de por qué lo hicieron en el club y no en la UF, donde todos trabajaban, respondió que el Brown era “un punto neutral”.

Los registros de llamadas telefónicas –una de las pruebas principales sobre las que está basada la acusación del juicio– fueron, también, un elemento que sirvió a la fiscalía y a las querellas para poner a prueba la fortaleza del testimonio de Benemérito. Ante la presión, reconoció que desde la mañana mantuvo contacto telefónico con Díaz, que estaba en el corte de vías. También reveló que Fernández le había dado sus teléfonos mientras estuvo en el escenario, entre las 9.30 y las 11 de aquel día, y que fue ella, desde esos aparatos, que se comunicó con Díaz en tres oportunidades, según consta en los registros. “Juan me pidió que le pregunte si ya estaba viniendo”, se escudó, nerviosa. Antes de culminar su testimonio, la querella de los heridos y la fiscalía marcaron estas contradicciones ante el Tribunal, que las tomó en cuenta.

Testigo complica aún más a los dirigentes de la Unión Ferroviaria

“Guardaban armas en la empresa Ferrobaires”

En el juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ayer una testigo declaró que los activistas de la Unión Ferroviaria “guardaban armas dentro de la empresa Ferrobaires, en la estación Constitución”. Tras identificar a varios de los miembros de la patota de ese sindicato acusados del crimen, Andrea Noemí Yulis afirmó que fueron los mismos que balearon la casa del testigo Alfonso Severo, un día después del homicidio de Ferreyra. “Es gente que responde a (Alberto) Trezza, (José) Pedraza y (Juan Carlos) Fernández”, dijo en alusión al ex funcionario duhaldista, al titular de la UF y a su segundo, respectivamente. Además, una compañera de militancia relató los últimos momentos del joven asesinado, y la defensa de uno de los acusados pidió una pericia psiquiátrica para Alfonso Severo.

Yulis, vecina del barrio ferroviario lindante con la estación Constitución, precisó que las armas eran guardadas en el sector de encomienda, donde hay un gimnasio, y sostuvo que en ese lugar vio a Cristian Favale, acusado de dispararle a Ferreyra, “dos o tres veces un mes antes del hecho”. La mujer, ex esposa de un ferroviario, reiteró ante el tribunal la declaración espontánea que había hecho ante efectivos de la Gendarmería cuando, un día después del crimen, requisaron la vivienda de un vecino donde se sospechaba que podrían encontrarse pruebas del asesinato. “A las armas las sacaron anoche, hubo movimientos”, les había dicho Yulis. También Severo, el testigo que estuvo desaparecido durante 24 horas la semana pasada, había afirmado que había armas en la UF y Ferrobaires, pero cuando los investigadores fueron a buscarlas no las encontraron en los lugares señalados por él. Durante la pesquisa sí se hallaron armas calibre 40 y 45 en otras dependencias de la UF.

La testigo acusó a Héctor Carruega, Norberto Saldaña, Daniel Heesf y otros empleados de Ferrobaires, a los que definió como “un grupo de delincuentes” que vinculó a las armas que estaban en Constitución, y dijo que ese grupo respondía a Alberto Trezza, ex titular de Ferrobaires y empresario vinculado con el ex presidente Eduardo Duhalde, mencionado también por Severo como posible responsable de su secuestro. Yulis también vinculó a este grupo con Alejandro Benítez, un ferroviario que es testigo protegido en el juicio y que declaró contra los acusados. “Alejandro es de la Lista Verde (de Pedraza) y aquel día iba al frente con una mochila”, aseguró. Y dijo haber reconocido en los videos “a una de las hijas de Carruega y al yerno”.

En la audiencia de ayer también declaró Nancy Arancibia Jaramillo, compañera de militancia de Ferreyra. Dijo que aquel 20 de octubre de 2010 aseguró haber visto “a dos policías” disparando armas de fuego. “Esas sí que eran balas de verdad porque salía fuego –contó–; era impresionante cómo tiraban.”

Intensa movilización y apareció con vida Alfonso Severo

Apareció con vida el testigo clave del caso Ferreyra

Alfonso Severo fue hallado en una remisería de Gerli, hasta la que llegó golpeado y maniatado. Ya está en el lugar la policía bonaerense. Había sido visto por última vez anoche. Hoy debía declarar en el juicio por el asesinato del militante del PO.

En el día de hoy, 4 de octubre, se realizó una masiva concentración en Plaza de Mayo, exigiendo la aparición con vida de Alfonso Severo. Para mañana, viernes 5, a las 14 hs. fue convocada una manifestación contra la impunidad, de Congreso a Plaza de Mayo. 

El Clío de Alfonso Severo estaba abandonado y con las llaves puestas en una calle de Gerli. 

Tras casi 24 horas de dramática búsqueda, apareció con vida Alfonso Severo. El testigo clave del crimen de Mariano Ferreyra fue encontrado en una remisería de Gerli, hasta la que llegó golpeado y maniatado. El sitio está a pocas cuadras del lugar en el que había sido visto por última vez, el miércoles por la noche. Hoy debía declarar en el juicio por el asesinato del militante del PO.

Severo se presentó en ese local con signos de haber sido golpeado. La aparición del hombre fue comunicada de inmediato a sus familiares. El fiscal Elvio Laborde, a cargo de la investigación, se dirigió con rapidez al lugar, junto a policías del partido de Avellaneda.

El coche de Severo, había sido encontrado este mediodía -con la noticia de su desaparición instalada en los medios- en el pasaje Angaco al 1500 de Gerli, también a pocas cuadras de su casa. El coche, un Renault Clío negro, tenía las llaves puestas y no faltaban elementos de su interior. 

A media tarde, la causa había pasado de la Justicia bonaerense –el fiscal que intervenía era Alejandro Rojas- al Juzgado Federal que tiene el caso de Mariano Ferreyra. Por ese motivo, la investigación quedó a cargo de la Policía Federal, que incluso envió una comitiva de peritos para que trabajen en forma conjunta con sus pares de la Provincia. 

Severo, un empleado de Ferrobaires, reveló en la etapa de instrucción del crimen que la agrupación del sindicato Unión Ferroviaria (UF) de Plaza Constitución guardaba armas en su oficina de esa terminal de trenes. Es más, según confió el abogado de la querella, Ismael Jalil, a Severo ya le habían baleado su casa y recibía amenazas telefónicas por sus declaraciones en este caso.

URGENTE Caso Mariano Ferreyra: ¿Dónde está un TESTIGO?

Alarmante: se desconoce el paradero de un testigo muy importante en el caso Mariano Ferreyra. Debe declarar hoy jueves a mediodía. Sufrió amenazas de la patota.

Una fuerte preocupación acoge a la familia de Alfonso Severo, ferroviario, testigo que debe declarar hoy jueves 4 a mediodía en el juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra. Desde anoche se desconoce su paradero.

“Anoche habló con la mamá de mi hijo, que había sido operado, y le dijo que lo iría a visitar y lo mismo le dijo a mi mamá. Eran las diez y media. Nunca llegó a destino y desde las once que llamamos a su celular y da directamente el contestador”, cuenta Gastón, hijo del testigo. Alfonso Severo es un ferroviario, trabajador de Ferrobaires -con sede en Constitución- que fue desalojado de su puesto de trabajo en Mantenimiento por una patota armada en 2009. El acontecimiento fue una de las primeras muestras de la degradación violenta que había copado el ferrocarril. Severo partió de su hogar a bordo de un Renault Clío negro placa HGA-137. “Recorrimos hospitales e hicimos denuncias en las comisarías 4° y 6° de Avellaneda, incluso recorrimos con un patrullero el trayecto hasta la casa de mi hijo para ver si había algún rastro, pero no encontramos nada -continúa Gastón-. A la tarde lo habían llamado al celular y se escuchaba el sonido de la tele y de una radio, según me contó. ‘¿Qué se piensan, que me van a intimidar?’, me dijo “.

El testimonio de Alfonso Severo cobra vital importancia en este tramo del juicio que se desarrolla en Comodoro Py. Este cronista se entrevistó recientemente con Severo para recabar datos sobre los posibles vínculos de la patota de Constitución con Favale y la trama que envuelve el destino de las armas que se usaron en el ataque que costó la vida a Mariano Ferreyra e hirió gravemente a Elsa Rodríguez. El testigo conoce de primera mano los vínculos entre las patotas delictivas de Constitución y la dirección sindical de la Unión Ferroviaria.

Se pudo comprobar que el ministerio de Seguridad, a través de la subsecretaria Cristina Caamaño, ha tomado cartas en el asunto. Alfonso Severo debe presentarse en Comodoro Py a mediodía. En estos momentos no hay rastros de su paradero. Esta nota expresa la profunda preocupación de su familia ante la alarmante circunstancia, que no se puede desvincular de las recientes amenazas que profirió la patota de Pedraza a testigos de esta causa. Diego Rojas

Un testigo que señaló a Favale

Por Irina Hauser

Víctor Amarilla, militante de Convergencia de Izquierda, vinculó al barrabrava Cristian Favale con el disparo que recibió Mariano Ferreyra. Al declarar ayer como testigo en el juicio por el asesinato del joven militante del Partido Obrero, contó que estaba apoyando la protesta de trabajadores tercerizados del Roca y que tuvo frente a él, a unos diez o quince metros, al tirador, a quien después reconoció por las fotos publicadas en los diarios. Pudo ver, dijo, dos fogonazos y al girar la cabeza vio a Ferreyra “que se agarra la panza y cae”. También dio testimonio Ariel Pintos, un ex tercerizado, que recibió un impacto de bala de un arma calibre 38 en una pierna. Pintos vio a alguien disparar desde atrás de los árboles, aunque su descripción no coincide con los rasgos de Favale ni de Gabriel “Payaso” Sánchez, ambos acusados de haber gatillado. De entrada, cuando estaba por comenzar a declarar Amarilla, el defensor de Juan Carlos Fernández, Alejandro Freeland, hizo un planteo sorpresivo: pidió medidas de seguridad especiales, porque sostenía que se trataba de “un testigo violento”. María del Carmen Verdú (Correpi), quien representa a varios heridos, le devolvió que para su tranquilidad ella garantizaba que nada le pasaría. “Respeten este recinto porque es la casa de la Justicia y las cuestiones políticas aquí no interesan”, terminó la discusión el presidente del Tribunal Oral Criminal 21, Horacio Días.

Amarilla describió que el ataque de la patota de la Unión Ferroviaria se produce en el momento en que se retiran, después de estar reunidos un buen rato, cuando la patrulleros que antes bloqueaban el paso, lo liberan. El vio un grupo que “venía corriendo”. Cuando llegan los matones escucha “estampidos”. De pronto ve a una “persona morruda, con ropa oscura, pelo corto tipo policía, barba candado, con el brazo extendido hacia adelante y un arma”. Después vio su foto en los diarios, y era Favale. Amarilla asocia los disparos del barrabrava con la caída de Mariano.

Pintos relató que trabajaba en la cooperativa Confer, una tercerizada donde hacía “trabajo de vía y obra y pasos a nivel” de la que lo habían echado. Explicó que allí no tenía salario estable, ni vacaciones ni aguinaldo. Lo contrataba Ugofe y no cobraba “ni un tercio de lo que se cobra en el tren”. Con las manifestaciones, explicó, lograban que los volvieran a contratar. Lo regularizaron como trabajador de planta en enero de 2011. Como empleado ferroviario, cuestionó, “jamás” la UF “nos acompañó en nuestro reclamo”. Relacionó otra tercerizada, la Unión del Mercosur, con José Pedraza, como quien la manejaba, y contó que quienes trabajaban allí eran constantemente amenazados por el delegado Pablo Díaz, acusado en el juicio como coordinador de la patota, “quien iba armado para que no entren a las reuniones”. En medio del ataque de la patota, afirmó, “cuando me agacho para agarrar una piedra siento un dolor en la pierna y tenía un agujero con sangre. Veo que detrás de los árboles y de los autos sale una persona tirando hacia adelante”.

Un testigo complicó más a Pedraza en el juicio por Mariano Ferreyra

“Me dijo que no jodiera”

 Por Irina Hauser

José Luis García, un testigo que fue jefe de personal y que liquidaba los sueldos del ferrocarril Roca, afirmó que todas las decisiones pasaban por José Pedraza. Lo dijo ayer en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, en un relato que equiparó las decisiones del dirigente de la Unión Ferroviaria (UF) con las de la empresa Ugofe, que además del ramal Roca opera el San Martín y Belgrano bajo tutela estatal. El nexo, señaló, era Juan Carlos “Gallego” Fernández, número dos del gremio. “Cada vez que llegaba a la empresa, mencionaba que venía a la orden del señor Pedraza”, relató. García declaró que los trabajadores cobraban menos de lo que indicaba su recibo, que los ingresos de personal eran digitados por el sindicato, que a la vez forzaba la afiliación y enviaba listas de los ferroviarios que debían recibir permisos o licencias para asistir a sus marchas o actos. Contó que fue citado dos veces por Pedraza para advertirle “que no jodiera” ni con los salarios ni con las contrataciones. Su testimonio refuerza la hipótesis de la acusación de que hubo una motivación política y económica de la cúpula de la UF para atacar la protesta de los tercerizados –de la que participaba Ferreyra– y “aleccionarlos”.

“Me dijo que no jodiera con el tema de los ingresos, textual”, evocó García un encuentro con Pedraza. La advertencia aludía a los listados que, señaló, confeccionaba la UF con los nombres de sus elegidos para entrar a trabajar en Ugofe. “Tuve dos charlas con Pedraza en 2008, fui citado y él me decía que no podía en mi función discutir lo que emanara de la Unión Ferroviaria, no se podía discutir sueldos mal liquidados o descuentos por ausencias no justificadas”, afirmó ante el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21). Carlos Froment, el abogado de Pedraza, le preguntó cómo era el lugar donde había sido el encuentro. “Era una habitación de cuatro por cuatro, tenía una bandera de la UF, retratos del ex presidente Néstor Kirchner y de la Presidenta”, fue la respuesta. El defensor reclamó un cotejo de las características del despacho donde, dijo, nunca hubo retratos, pero el tribunal rechazó su pedido.

García, quien denunció amenazas durante la investigación, trabajó para Ugofe (Unión de Gestión Operativa Ferroviaria) entre julio de 2007 y junio de 2009, cuando le dieron 28 mil pesos como “bonificación por renuncia”. Se fue, explicó, después de denunciar que entre un 20 y un 25 por ciento de su salario y el de otros trabajadores afiliados al gremio no llegaba a sus bolsillos.

Según García, el manejo de los ingresos lo ejercía el Gallego Fernández invocando órdenes de Pedraza. Ambos están acusados de instigar el ataque a los tercerizados que terminó en el asesinato de Ferreyra. Fernández, dijo el testigo, iba a la Ugofe con “un listado”. “Decía ‘hay que ingresar a 300’, nosotros decíamos ‘¿dónde los ponemos?’ y había que ingresarlos igual. Había personas que no trabajaban y cobraban, cuando ingresé había 3091 y cuando me fui 4500”, aseguró. Había condiciones: los contratados bajo convenio debían afiliarse al gremio y, además, devolver un monto por haber logrado ingresar a la empresa.

Del mismo modo, detalló que la UF enviaba una nómina de quienes debían ser “liberados” de sus tareas para asistir a marchas o manifestaciones.

Los querellantes le exhibieron un correo enviado el 20 de octubre de 2010 con los nombres de quienes irían a evitar el corte de vías de los tercerizados a la estación Avellaneda y dijo que era igual a los que él había visto.