miércoles, 25 de octubre de 2017

ESPIONAJE / TAREAS DE "INTELIGENCIA" EN TRENQUE LAUQUEN

Agradecemos la difusión de la siguiente declaración:
                  
Los participantes de la Marcha que en Trenque Lauquen reclamó Verdad y Justicia para Santiago Andrés Maldonado y su familia fuimos fotografiados por un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de civil (sin uniforme identificatorio), que se infiltró en la manifestación. Este individuo se presentó en la Plaza San Martín y acompañó la Marcha durante todo el trayecto, desde la Plaza hasta la Estación,y de vuelta a la Plaza. Lo más llamativo es que al terminar la movilización el policía se metió en el Palacio Municipal, del cual volvió a salir minutos después mate en mano, con una actitud sarcástica, que incluía la mención a que "estaba haciendo un trabajo de prevención" que le habían encomendado. 

Afortunadamente, los vecinos que se sumaron al nuevo reclamo por Santiago no entraron en la provocación que significaba la actitud del sujeto, que sin portar uniforme adujo reiteradamente estar realizando "su trabajo". Por eso la pregunta va dirigida, más que a este efectivo a sus superiores: ¿Qué necesitan saber de los vecinos que desde el año 2000 marchamos en Trenque Lauquen del modo más pacífico imaginable? ¿Realmente entienden que lo que hacen tiene alguna relación con la inteligencia? ¿O el verdadero propósito es amedrentar a los jóvenes que se animan a manifestar, en este caso pidiendo Justicia para Santiago, muerto a raíz de un operativo ilegal de la Gendarmería nacional?

Como no nos queremos quedar con estas dudas repiqueteando, y entendemos que en democracia las autoridades policiales deben dar cuenta de los agentes que infiltran en movilizaciones para hacer quién sabe qué, en el día de la fecha radicamos la denuncia penal ante la U.F.I. N° 4, que el lunes girará las actuaciones al Doctor Fabio Arcomano, a cargo de la U.F.I. N° 6 (el número de causa correspondiente es PP-17-00-006305-17/00). Esperamos que el Poder Judicial nos ayude a responder alguno de los interrogantes arriba planteados.

Terminamos diciendo aquello que voceamos a lo largo de una docena de cuadras del centro de nuestra ciudad, mientras el "policía de incógnito" nos fotografiaba y filmaba impunemente: ¡SANTIAGO ANDRÉS MALDONADO: Presente! ¡Ahora y siempre!

COMISIÓN por los DERECHOS HUMANOS, Trenque Lauquen, 21 de octubre de 2017.

domingo, 17 de septiembre de 2017

Francia dirá el 19 de octubre si extradita a Argentina a Mario Sandoval

París, 14 sep  El Tribunal de Apelación de Versalles se pronunciará el próximo 19 de octubre sobre la extradición a Argentina del expolicía Mario Sandoval, reclamado en su país por crímenes contra la humanidad durante la dictadura, anunciaron a Efe fuentes judiciales.

La Fiscalía confirmó en una audiencia para examinar esa demanda su posición en favor de que Sandoval sea entregado a Argentina para que responda allí ante la justicia por la desaparición del estudiante Hernán Abriata, que fue detenido en la casa de sus padres en Buenos Aires el 30 de octubre de 1976, y del que no se tienen noticias desde entonces.

El fiscal hizo hincapié en que se trata de un delito de secuestro continuado en la medida en que no se conoce la suerte de Abriata ni ha aparecido su cadáver, por lo que no cabe alegar la prescripción.

Además, también se refirió a una legislación reciente en Francia sobre los delitos disimulados -que se aplicaría a este caso-, que también tiene implicaciones sobre la prescripción.

La abogada de Argentina, Sophie Thonon, explicó a Efe que presentó esos mismos argumentos en su alegato, en el que insistió en que Argentina da la calificación de crimen contra la humanidad a la desaparición por la que reclama a Sandoval (64 años), que se encuentra en libertad bajo control judicial.

El abogado de la defensa cuestionó que Sandoval sea la persona a la que Argentina busca en el caso de Abriata, pues hay un error en la identidad, y mantuvo que los hechos están cubiertos por la prescripción.

Su cliente no quiso añadir nada a lo dicho por su letrado cuando la presidenta del tribunal le dio la palabra.

Este asunto llegó a la jurisdicción de Versalles después de que el Tribunal Supremo de Francia anulara en febrero de 2015 un dictamen del Tribunal de Apelación de París que un año antes había dado luz verde a la extradición de Sandoval pero únicamente por la desaparición de Abriata, y no por las otras acusaciones por las que también lo reclamaba Argentina.

Una portavoz de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presente en la audiencia de hoy comentó a Efe que espera que los jueces en Versalles se hayan convencido de que esta desaparición es un crimen de carácter continuado al que no se puede aplicar ninguna prescripción.

La portavoz también insistió en que es hora de que Argentina pueda juzgar a Sandoval para determinar su responsabilidad. 

lunes, 28 de agosto de 2017

Campaña de firmas por Santiago Maldonado y en apoyo a las demandas de su familia

APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO

Desde el día 1 de agosto de 2017 está desaparecido en Argentina Santiago Maldonado, luego de la brutal represión de la Gendarmería en el interior de la Comunidad en Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut, Patagonia. Cada vez hay más testigos que confirman que Santiago fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado y trasladado en una camioneta.

La desaparición forzada de Santiago se da en el marco de una tremenda represión en la provincia de Chubut contra la comunidad mapuche que reclama su derecho a ocupar y permanecer en sus tierras ancestrales. Desde comienzos de este año el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional han desplegado una cacería de brujas sobre el pueblo mapuche en defensa de los usurpadores de sus tierras, tal como el empresario Benetton.

Nos sumamos al comunicado de la familia de Santiago Maldonado del 24 de agosto de 2017, y exigimos a las autoridades judiciales y políticas argentinas que tomen todas las medidas necesarias a fin de garantizar la inmediata aparición con vida de Santiago, se inicie una investigación seria para de establecer las circunstancias de su desaparición forzada y los responsables de la misma, se garantice la seguridad de la familia y testigos, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas. Las firmas pueden ser individuales o de organismos.

Nombre/Apellidos:
Organización:
DNI :


(Mandar firma a: casapueblos@nodo50.org)

COMUNICADO OFICIAL DE LA FAMILIA DE SANTIGO MALDONADO
24 de Agosto de 2017

La familia de Santiago Maldonado querellantes en la causa penal 8232/2017 del Juzgado Federal de Esquel, junto a nuestra abogada Verónica Heredia decimos:

1.   Santiago es víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto de 2017 en la Provincia del Chubut, Argentina;
2.   La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades;
3.   La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado;
4.   Es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago;
5.   Por eso la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
6.   Tenemos el derecho a que no se presuma el fallecimiento de Santiago y exigimos que las autoridades respeten nuestro derecho;
7.   Hasta la fecha la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada. Por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis;
8.   Al despejar todas las dudas sobre la hipótesis mayor se llegará a cualquiera menor. Por el contrario el paso del tiempo garantiza la impunidad;
9.   La impunidad garantiza la repetición de los hechos, como los de Iván Eladio Torres Millacura, Sergio Avalos, Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera, Daniel Solano, César Monsalvez, entre otros;
10.               La familia y la sociedad tenemos el derecho absoluto a conocer la verdad.

Por eso exigimos a las autoridades judiciales y políticas tomen todas las medidas a fin de garantizar:

1.   La inmediata aparición con vida de Santiago;
2.   Se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
3.   Se requiera la colaboración del Dr. Mario Coriolano a fin que se conforme un equipo de investigación a cargo del Dr. Alejandro Mejías Fonrouge;
4.   Se garantice a la familia la participación activa en la investigación y su control;
5.   Garantice seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos.

sábado, 24 de junio de 2017

A 15 años de la masacre de Avellaneda: Darío y Maxi PRESENTES

El EMVyJ convoca junto al FPDS al Puente Pueyrredon. El domingo próximo jornada cultural y vigilia toda la noche, el lunes tomamos el puente, hablan Vanina, Alberto y luego leeremos el documento central

A QUINCE AÑOS SEGUIMOS RECLAMANDO JUSTICIA
CON LAS BANDERAS DE DARÍO Y MAXI, CONTRA EL AJUSTE Y LA POLÍTICA REPRESIVA DEL GOBIERNO DE MACRI Y LOS GOBERNADORES
¡DARIO Y MAXI VIVEN EN LA LUCHA DEL PUEBLO!

QUINCE AÑOS DE IMPUNIDAD: EL ESTADO ES RESPONSABLE
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA: EDUARDO DUHALDE – ANÍBAL FERNÁNDEZ -FELIPE SOLÁ-JUAN JOSÉ ÁLVAREZ-ALFREDO ATANASOFF-LUIS GENOUD-JORGE MATZKIN -OSCAR RODRÍGUEZ.

ASOCIACION DE EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS

viernes, 14 de abril de 2017

El nuevo obispo castrense por la prisión domiciliaria a los genocidas

EL NUEVO OBISPO CASTRENSE SE PRONUNCIO QUE SE OTORGUE PRISION DOMICILIARIA A LOS CONDENADOS POR DELITOS DE LESA

El nuevo obispo castrense designado por el Papa Francisco, Santiago Olivera, se pronunció a favor de que se otorgue la prisión domiciliaria a mayores de 70 años condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, al tiempo que se pronunció en favor de “una reconciliación mirando hacia adelante” y sin “justicia selectiva”.

"La prisión domiciliaria no es una puerta cerrada. Si una persona mayor de las fuerzas armadas tiene el mismo derecho que otra en su condición, ¿por qué no dárselo?. Por más que se haya equivocado gravemente tiene ese derecho. Aunque tampoco fueron todos. algunos no se han equivocado gravemente", agregó.

Y completó: "Los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la Justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La Justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser Justicia".

Con todo, Olivera -que acaba de regresar del Vaticano, donde se reunió con Francisco-, aclaró que "con el Papa no hablamos de ese tema, pero aquí hay que vivir los derechos humanos para todos, encarnarlos plenamente, sí, pero para unos y otros. Si no vivimos una Justicia para todos, que nos iguale, podemos cometer injusticias".

En los últimos tiempos crecieron los reclamos de los represores procesados y condenados por delitos de lesa humanidad y sus familiares -sobre todo a aquellos que su salud está muy deteriorada- para que se les conceda el beneficio de la prisión domiciliaria y, si bien en algunos casos fue otorgada, en muchos otros no.

En ese sentido, Olivera aseguró que los argentinos "todavía tenemos que hacer un camino". "Lo hemos vivido el 24 de marzo, cómo en algunas personas había una memoria un poco parcializada, un poco volcada hacia un lado", se lamentó, en declaraciones a Télam, en referencia a las marchas por el aniversario del golpe de organismos de DD.HH, agrupaciones de izquierda y kirchneristas ( Clarin)

viernes, 7 de abril de 2017

Carlos Fuentealba: “El dolor colectivo se transforma en acción”

El asesinato de Carlos duele colectivamente, es una herida que no cierra y que cada 4 de abril emerge con más fuerza cuando recordamos 2007. 

Por Por Julia Burton |

El conflicto docente del año 2007 arrastraba varias semanas de negociaciones frustradas, paros y movilizaciones, e incluso una marcha-caravana que unió los casi 200 kilómetros entre Neuquén y Zapala. Ante la desidia del gobierno, ya casi en Semana Santa, Aten decidió realizar un bloqueo en ese punto neurálgico que es la ruta 22 a la altura de Arroyito con el fin de afectar el circuito turístico de la provincia.

Ese 4 de abril el tránsito sobre la ruta se cortó: lo cortaron las fuerzas de seguridad de la provincia que desataron una feroz represión hacia las y los trabajadores de la educación, quienes nunca llegaron a realizar la actividad de protesta resuelta en asambleas. Hubo una decisión política para impedir que Aten ocupase la ruta, y las imágenes de ese día hablaron por sí mismas: la cantidad de efectivos policiales, incluyendo grupos especiales armados hasta los dientes, camiones hidrantes, y la presencia de funcionarios provinciales y cúpula policial. Hay que recordar sus nombres porque también están dentro de la cadena de responsabilidades políticas del asesinato: Raúl Pascuarelli, Carlos Salazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Miguel Ángel Escobar, además de los jefes de los grupos especiales de la policía. Pero lo que más puso en evidencia la definición política del gobierno de Jorge Sobisch fue la inmediatez y modalidad con la que se desató la represión. No se pretendía dispersar una manifestación, sino que se llevó a cabo una persecución y cacería de las y los docentes a campo traviesa. Una represión que no cesaba aún cuando era evidente que las y los trabajadores de la educación no iban a cortar la ruta. El asesinato de Carlos sucedió en ese contexto de retirada de manifestantes en los autos.

No hay otra explicación que la decisión política asumida por un gobierno como modalidad para “solucionar” los conflictos sociales. Una forma que encadena responsabilidades de distinto tipo y que van desde quien apretó el gatillo (José Darío Poblete) hasta la máxima autoridad de la provincia, Jorge Omar Sobisch. Su desprecio por la actividad docente es tal que no le importó matar a un trabajador de la educación y en los días siguientes reivindicó públicamente el accionar policial diciendo que son situaciones no queridas, pero volvería a tomar la misma decisión.

Tampoco puedo dejar de situar que esto sucedió en un año electoral en que Sobisch se presentaba en las elecciones presidenciales como el candidato “antipiquetes”. Hasta ese día su compañero de fórmula iba a ser Mauricio Macri, quien le soltó la mano a raíz del asesinato de Carlos, y Sobisch tuvo que buscar su aliado en la figura de Jorge Asís.

Entonces pienso en que sí, fue una determinación política del gobierno que las y los docentes no corten la ruta en Arroyito, pero también fue un mensaje más amplio y de una claridad impresionante a todos los sectores que nos organizamos, reclamamos y defendemos nuestros derechos. Pretendieron “educar” con el escarmiento a las y los educadores de la provincia, y a través de ello a todo el resto de la sociedad.

La muerte de Carlos marcó un límite imprimiéndole un nuevo giro al conflicto; al exceder los aspectos sindicales el asesinato del docente en medio de un reclamo legítimo, se vuelve repudio social y generalizado, y se arraiga en las calles neuquinas desbordadas de pueblo en demanda de justicia y la renuncia del gobernador.

Por esos días las y los docentes de Neuquén volvieron a dar cátedra y nos enseñaron a transformar ese dolor que atravesaba los cuerpos en acción: en las movilizaciones multitudinarias, en el acampe frente a casa de gobierno, en el corte de puente, en los escraches y visitas pedagógicas a funcionarios provinciales. Empaparon las calles de una multiplicidad de formas creativas para ejercer la justicia callejera y popular, esa que emerge de nuestras rabias ante tanta impunidad, cuando la justicia burguesa es cómplice y protege a nuestros verdugos. La voz de Sandra Rodríguez resonó potentemente frente a las más de veinte mil personas presentes en el acto al culminar una de las movilizaciones de mayor convocatoria de la historia de Neuquén, el 9 de abril de 2007. La fortaleza y claridad que tuvieron sus palabras generó silencios cargados de emotividad. No vaciló en denunciar que quienes dieron las órdenes fueron tan responsables del asesinato como quien apretó el gatillo. A lo largo de todos estos años esas palabras iniciales de Sandra y sus declaraciones posteriores generaron que “su” Carlos devenga en un Carlos colectivo que está grabado en los cuerpos y no se olvida, aunque desde el riñón del poder político de la provincia se busquen e inventen mecanismos y resortes para que la memoria caduque y con ella la demanda de justicia.

El asesinato de Carlos duele colectivamente, es una herida que no cierra y que cada 4 de abril emerge con más fuerza cuando recordamos 2007. Desarma de manera individual y duele colectivamente, sí. Pero ese dolor se transforma en acción y en el andar colectivo nos volvemos a armar cuando se entrelazan la memoria, las demandas por justicia completa y nuestros gritos y acciones de rabia contra tanta impunidad. Porque, como dijo Galeano, yo también tengo la certeza de que no hay impunidad que sea eternamente impune.

viernes, 27 de enero de 2017

20 años del asesinato de José Luis Cabezas

José Luis Cabezas a 20 años del crimen que cambió el periodismo
Un empresario ordenó matar a un reportero por hacerle una foto. No queda nadie en prisión

Ramiro Barreiro

La historia del periodismo argentino cambió hace 20 años. Más específicamente en la mañana del 25 de enero de 1997, cuando todos asistieron al más brutal crimen contra la libertad de prensa del que se tenga memoria en democracia. El reportero gráfico José Luis Cabezas apareció calcinado dentro de un auto, en un gran pozo, a 13 kilómetros de la ciudad balnearia de Pinamar (a 350 km de Buenos Aires). Al instante, el principal sospechoso fue el empresario Alfredo Yabrán, quien manejó un verdadero imperio desde las sombras durante la década de los 90 en Argentina. “Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía” dijo alguna vez el poderoso hombre en una entrevista. Fue Cabezas el primero que lo logró. Y lo pagó con su vida.

Gabriel Michi es el redactor que cubría la temporada veraniega junto al fotógrafo para la revista Noticias. Ya lo habían hecho un año antes, también en Pinamar, y allí nació una obsesión compartida: conseguir una entrevista con Alfredo Yabrán, quien hasta ese momento sólo era conocido por tener un pool de empresas a su nombre, con el correo privado OCA (por ese entonces a cargo del 30% del mercado postal de Argentina) como nave insignia y la acusación del ministro de Economía Domingo Cavallo, quien lo caracterizó como el “jefe de una mafia enquistada en el poder”.

“Llegar a poder conseguir la primera foto nos llevó mucho tiempo de investigación y llegamos por información que me dieron mis fuentes. Fue muy difícil en un momento donde no existía internet”, recuerda Michi en diálogo con EL PAÍS. “Yo tuve que hacerle de trípode a José Luis cuando sacamos la foto que está en el balneario Marbella, sentado en una reposera. En otra tanda, llegué a posar como si fuese un turista y él logra la foto más famosa, caminando por la playa con su mujer”.

La guardia periodística continuó. Alquilaron carpas contiguas a la del empresario, lo siguieron a fiestas y eventos. Lo que los colegas no sabían era que el propio Yabrán había montado un seguimiento sobre ellos, del que también participaron altos cargos de la policía de Pinamar y una pandilla de delincuentes a la que llamaban “la banda de Los Horneros”.

Finalizada la temporada de 1996, los periodistas ya tenían en su poder el rostro del hombre más buscado. Durante todo ese año, Cabezas recibió amenazas telefónicas que ocultó a su familia. “Yo me enteré de todo eso después”, asume Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico. “Nos juntábamos seguido en lo de mamá y la obligábamos a hacer pizzas. Nos divertíamos mucho pero no hablábamos de su trabajo”, relata la mujer, quien ante el fallecimiento de su padre José –en 2010- y la vejez de su madre Norma (cumplió 84 el año pasado) encabeza todos los actos conmemorativos y pide justicia, en disconformidad con los fallos del Tribunal de Casación bonaerense, que morigeró las penas impuestas.

En noviembre de 1996, el policía Gustavo Prellezo pide antecedentes de José Luis Cabezas. Ahí empezó el operativo para silenciar a los periodistas. “Ese verano también nos cortaron los neumáticos del auto y tuvimos cruces con la seguridad del empresario. La policía de Pinamar le pasaba información a Prellezo de donde parábamos y los lugares adonde íbamos y el 22 de enero, en el marco de una nota sobre robos en Pinamar, nos marcaron enfrente de la comisaría”, recuerda Michi.

Los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo fueron condenados a prisión perpetua, al igual que los integrantes de Los Horneros, Sergio González, Horacio Braga, José Auge y Héctor Retana. Luna fue liberado el año pasado al cumplir las dos terceras partes de la sentencia a 24 años; Prellezo obtuvo arresto domiciliario en 2010, “porque era asmático, le dolía la cintura y había humedad en la celda”, recuerda Gladys Cabezas. El 21 de diciembre pasado fue liberado. Auge recuperó la libertad en 2004, González en 2006, y Braga el 25 de enero de 2007 (el mismo día en que se recuerda el crimen). Retana y Camaratta murieron. Además, el ex sargento Gregorio Ríos, jefe de custodia de Yabrán, fue condenado como instigador del crimen y se le rechazó la excarcelación en diciembre de 2006. Su condena a perpetua cambió a 27 años y en 2008 fue liberado por el beneficio del 2 por 1. Yabrán, asediado por la justicia, la prensa y la opinión pública de todo el país, se suicidó el 20 de mayo de 1998. Eligió dispararse en la boca con una escopeta mientras descansaba en una estancia de Entre Ríos. Al día de hoy mucha gente todavía cree que Yabrán está vivo, en algún lugar del mundo.

“La justicia no es justa y dejan a los asesinos libres”, se lamenta Gladys, “Simplemente porque son abogados o sufren de asma. La justicia parece un jardín de infantes y es una vergüenza. Nosotros los familiares estamos muy enojados y muy dolidos, por el país, porque esta gente no va a ir mas presa y nosotros ya no somos parte del expediente”. Lo que quedará es el recuerdo siempre presente del periodismo argentino, que se unió detrás de una imagen. El fondo negro, la mirada penetrante del fotógrafo y una leyenda: “No se olviden de Cabezas”.

“Hay que tener en cuenta es que el crimen fue un antes y un después en la historia del periodismo argentino y sin dudas se vio por primera vez una sociedad movilizada en un reclamo por un periodista asesinado. Pocas veces en democracia se logra que haya objetivos comunes entre los periodistas, los medios y la sociedad. En este caso se dio la particularidad del gran apoyo de la sociedad porque en el momento en que ocurrió el crimen había una suerte de matrimonio entre la sociedad y la prensa. La sociedad interpretó que en el silenciamiento del crimen no sólo había un mensaje para el periodismo sino también para toda la comunidad”, cierra Michi.
(El País)